Seguridad: cuando la ley no alcanza.
Por Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado.
La ciudadanía está cansada de escuchar que el Estado combate el delito mientras ve cómo el delito sigue condicionando su vida cotidiana. No alcanza con anunciar nuevas penas, ni con reformar leyes cada vez que la realidad golpea. Una sociedad segura necesita algo mucho más concreto: que quien delinque sea investigado, que el proceso avance, que la Justicia resuelva y que la pena, cuando corresponde, se cumpla.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿tenemos hoy un sistema penal capaz de dar esa respuesta?
No alcanza con preguntarnos cuántos años de prisión establece la ley. Hay que preguntarnos también si existen las condiciones para que esa ley se aplique eficazmente.
Porque una pena que existe solamente en el papel no genera seguridad. Una investigación que nunca termina tampoco. Y una Justicia que llega demasiado tarde puede terminar siendo, para la víctima, una forma de injusticia.
Aquí hay responsabilidades que no pueden confundirse.
El legislador debe establecer las penas. Los fiscales deben investigar. Los jueces deben resolver. El Estado debe proporcionar los recursos para que todo el sistema funcione.
Cuando una de esas piezas falla, la consecuencia la paga la sociedad.
Y hay algo que debe decirse con la misma firmeza: combatir el delito no habilita a vulnerar los derechos de quien no ha sido condenado. El ciudadano honesto debe estar protegido frente al delincuente, pero también frente a cualquier utilización abusiva o injustificada del poder penal.
Seguridad y garantías no son conceptos enfrentados. Son obligaciones simultáneas de una República.
El problema es que hoy la ciudadanía no solamente reclama penas adecuadas. Reclama respuestas. Reclama saber por qué algunos procesos avanzan, por qué otros se dilatan y por qué, en determinados casos, una persona recupera su libertad sin que el ciudadano común comprenda cuál fue la decisión jurídica que lo permitió.
Cada caso tiene su expediente y sus razones. Pero la percepción de que la Justicia no siempre llega de la misma manera también debe ser escuchada.
Porque cuando la sociedad pierde la certeza de que la ley se aplica, empieza a perder confianza en el Estado. Y cuando se pierde la confianza en el Estado, la inseguridad deja de ser solamente un problema policial: se convierte en un problema institucional.