Seguridad: cuando la Justicia parece una utopía.
Por Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado.
El reclamo de la ciudadanía por seguridad es justo y no puede ser minimizado. Cuando el delito se instala en la vida cotidiana y la respuesta del Estado parece insuficiente, la preocupación deja de ser una percepción para convertirse en un problema institucional.
El Código del Proceso Penal cambió en 2017 y modificó profundamente el funcionamiento del sistema. Casi una década después, corresponde evaluar sus resultados y, sobre todo, sus consecuencias.
Hoy se reclama —con razón— mayor acción y eficacia de la Policía. Pero sería injusto colocar sobre ella toda la responsabilidad. Un sistema penal funciona como un conjunto: Policía, Fiscalía, Poder Judicial y Parlamento tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias.
La reforma procesal exigía también recursos. Y el respaldo presupuestal necesario no siempre estuvo a la altura de los cambios implementados. Las leyes pueden modificar procedimientos, pero sin personal, infraestructura, capacitación y medios adecuados, su aplicación queda condicionada.
Por eso estamos ante una situación grave. La ciudadanía no pide privilegios: pide que denunciar tenga sentido, que el delito sea investigado y que exista una respuesta de la Justicia.
Cuando reclamar seguridad y justicia comienza a parecer una utopía, la preocupación ya no es solamente por el delito. Es por la confianza en las instituciones.
Y recuperar esa confianza exige menos discursos y más decisiones: revisar lo que no funciona, asumir responsabilidades y dotar al sistema de las herramientas necesarias para cumplir con su obligación esencial: proteger al ciudadano y garantizar el Estado de Derecho.