Reforma del CPP 2026: ajustes, equilibrios y nuevos enfoques.
La reforma del Código del Proceso Penal presentada en 2026 se inscribe en una etapa distinta del sistema penal uruguayo. Ya no se trata de implementar un modelo, sino de revisarlo a la luz de la experiencia acumulada desde su entrada en vigencia en 2017.
En ese marco, el proyecto no plantea un cambio estructural del sistema acusatorio, sino una serie de ajustes que buscan dotarlo de mayor coherencia, precisión normativa y adaptación a las dinámicas actuales.
Uno de los ejes más relevantes es el de las garantías procesales. Sin incorporar principios nuevos, la reforma avanza en su desarrollo concreto: el principio de inocencia adquiere una dimensión pública más definida, la defensa técnica se refuerza desde etapas tempranas y se introducen mecanismos que permiten exigir el cumplimiento del plazo razonable del proceso. En este punto, el cambio radica en transformar principios generales en herramientas operativas.
En paralelo, se mantiene la centralidad del Ministerio Público como director de la investigación, pero con una regulación más detallada de sus atribuciones y decisiones. A su vez, el juez de garantía ve ampliado su rol, especialmente en el control de la investigación, lo que configura un equilibrio más dinámico entre dirección fiscal y supervisión judicial.
Otro aspecto destacado es el fortalecimiento del lugar de la víctima. Se amplían sus derechos de participación, acceso a la información y posibilidades de intervención, sin alterar la estructura del sistema acusatorio. La víctima adquiere mayor visibilidad dentro del proceso, pero sin desplazar el rol de la fiscalía.
Asimismo, la reforma incorpora de forma más clara el uso de tecnologías en el proceso penal. La digitalización, la utilización de medios remotos y la adaptación de la prueba a entornos tecnológicos reflejan un cambio en la forma en que se desarrolla la actividad judicial.
Finalmente, se introducen ajustes en la organización del sistema y en la gestión de los procesos, con reglas más claras en materia de competencias, acumulación de causas y mecanismos de finalización anticipada. Estos cambios apuntan a una mayor racionalización del funcionamiento del sistema penal.
En conjunto, la reforma aparece como un proceso de consolidación: no redefine el modelo, pero sí lo ordena, lo precisa y lo adapta a los desafíos actuales.
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado. Docente en Informática Jurídica en Facultad de Derecho. Udelar.