Por el edil Néstor tecco

Reclamos sin autoridad

La semana pasada tuvimos en nuestro departamento una noticia que merece ser destacada: la entrega de viviendas del Plan Avanzar para el realojo de 88 familias. No es un dato menor. Son 88 familias que comienzan una nueva etapa, dejando atrás situaciones de precariedad y accediendo a algo que para cualquier familia representa uno de los anhelos más importantes: tener un hogar digno.

La dimensión de este logro se comprende mejor cuando recordamos que nuestro departamento tiene 32 asentamientos irregulares. Detrás de esa cifra no hay estadísticas: hay personas, trabajadores, madres, padres, niños y familias enteras que luchan todos los días por salir adelante. La mayoría no eligió vivir en un asentamiento. Está allí porque durante años no encontró una alternativa para resolver su situación habitacional.

Por eso resulta difícil comprender determinadas actitudes políticas.

Desde el Gobierno departamental anterior se otorgaron terrenos a 66 cooperativas de vivienda, aun sabiendo —o debiendo saber— que esos terrenos no contaban con las condiciones necesarias para construir. Y detrás de cada cooperativa hay familias que aportan, trabajan, esperan y depositan su confianza en quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

La pregunta es inevitable: ¿por qué se generaron expectativas sobre soluciones que no estaban en condiciones de concretarse?

Y hay algo todavía más llamativo. Algunos actores políticos que formaron parte de aquel Gobierno hoy aparecen reclamando y señalando responsabilidades, como si fueran espectadores ajenos a las decisiones que se tomaron durante su gestión.

Reclamar es legítimo. Criticar también. Pero para reclamar con autoridad hay que tener memoria y, sobre todo, asumir las propias responsabilidades.

La política no puede convertirse en un ejercicio de memoria selectiva. No se puede gobernar tomando decisiones que afectan la vida de cientos de familias y, cuando cambia la administración, aparecer como si nada de aquello hubiera sucedido.

Mucho menos cuando está en juego la vivienda.

Porque una casa no es una obra más. Es el lugar donde una familia cría a sus hijos, descansa después de trabajar, construye recuerdos y proyecta su futuro. No se puede jugar con la ilusión de una familia que durante años lucha por tener su casa.

Nuestro departamento necesita soluciones, no relatos. Necesita planificación, no improvisación. Necesita que los terrenos que se entreguen sean realmente aptos, que las cooperativas tengan certezas y que quienes gobiernan sean responsables de sus decisiones.

Las 88 viviendas entregadas son una buena noticia y debemos reconocerla. Pero también debemos mirar hacia adelante: todavía hay 32 asentamientos y muchas familias esperando una respuesta.

La vivienda debería ser una política de Estado, no un arma electoral.

Porque cuando una familia recibe una llave, no importa a qué partido vota. Importa que finalmente tiene un hogar.

Y cuando una familia espera durante años una solución que no llega, tampoco importa quién gobierna o quién reclama. Importa que alguien se haga cargo.

Reclamar es fácil. Gobernar es decidir. Y decidir implica hacerse responsable.

Cuando lo que está en juego es el sueño de una familia, esa responsabilidad no es una opción. Es una obligación.