Fiscalía: defender una institución también es defender su función.
Por Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado. Asp. Docente en Facultad de Derecho. Udelar.
La reciente admisión de una realidad que desde hace tiempo se percibe en el funcionamiento cotidiano de la Fiscalía General de la Nación debería llamar a una reflexión seria. Existen cargos sin cubrir y esa situación tiene consecuencias directas sobre el trabajo de una institución a la que, al mismo tiempo, la sociedad exige respuestas cada vez más rápidas y eficaces.
Quienes trabajamos habitualmente con la Fiscalía, desde el ejercicio profesional, conocemos esa realidad. La vemos todos los días: en fiscales y funcionarios que deben asumir una enorme cantidad de asuntos, en jornadas extensas, en oficinas sometidas a una permanente presión y en la necesidad de atender simultáneamente investigaciones, audiencias y situaciones que requieren respuestas inmediatas.
Detrás de las discusiones públicas y de los titulares hay personas. Hay fiscales y funcionarios que cargan sobre sus hombros una responsabilidad enorme. El sistema penal exige investigaciones eficientes, decisiones fundadas, respeto por las garantías y una adecuada atención a las víctimas. Esa tarea no es sencilla y, sin embargo, muchas veces se desarrolla bajo una exigencia permanente que desde afuera no siempre se advierte.
Es cierto que la Fiscalía, como cualquier institución pública, puede y debe ser objeto de críticas. Sus decisiones pueden ser cuestionadas y sus actuaciones sometidas a los controles correspondientes y de hecho tengo diferencias en algunos aspectos. Defender a la institución no significa afirmar que todas sus decisiones sean correctas ni pretender que sus integrantes estén exentos del necesario escrutinio público.
Pero una cosa es la crítica fundada y otra muy distinta es el intento permanente de desacreditar a una institución o convertir a sus fiscales en blanco de ataques cada vez que una investigación, una decisión o una actuación no resulta conveniente para determinados intereses.
La Fiscalía cumple una función esencial en nuestro sistema de justicia. Investiga delitos, dirige investigaciones, ejerce la acción penal y participa en un sistema del que dependen tanto la persecución del delito como la protección de las víctimas y el respeto de las garantías de todas las personas.
Por eso, su independencia debe ser defendida.
Y defender su independencia no significa defender personas ni decisiones concretas. Significa comprender que quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos deben poder hacerlo sin presiones políticas, sin campañas de hostigamiento y con las condiciones necesarias para ejercer adecuadamente su función.
Las instituciones republicanas no se fortalecen mediante el descrédito sistemático. Tampoco se mejora la Justicia atacando a quienes tienen que adoptar decisiones difíciles o cuestionando la legitimidad de una investigación simplemente porque sus consecuencias pueden resultar incómodas.
La reciente situación expuesta respecto a los cargos sin cubrir debe, precisamente, servir para mirar con mayor atención la realidad de la Fiscalía. No para utilizar sus dificultades como un argumento más en la disputa política, sino para comprender las exigencias bajo las cuales trabajan diariamente fiscales y funcionarios.
Quienes tenemos contacto profesional con la institución conocemos la dimensión de esa tarea y la sobrecarga que muchas veces enfrenta su personal. Por eso, más allá de las legítimas diferencias que puedan existir respecto de determinadas actuaciones, corresponde defender a la Fiscalía como institución.
Porque una democracia necesita instituciones que funcionen. Necesita controles, crítica y transparencia, pero también respeto por quienes cumplen funciones esenciales para el Estado de Derecho.
La Justicia no se fortalece castigando a sus instituciones. Se fortalece permitiéndoles cumplir, con independencia y responsabilidad, la función que la República les ha encomendado