Empresas públicas: abrir el debate sin tabúes.
Por Dr Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado.
Las recientes declaraciones de Alejandro Sánchez abriendo la posibilidad de discutir reformas profundas en las empresas públicas sorprendieron a muchos. En Uruguay, este tema siempre ha estado rodeado de una fuerte carga ideológica y política. Por eso mismo, que desde el propio oficialismo se plantee discutirlo es, en sí mismo, una señal saludable.
Las empresas públicas han sido históricamente pilares del desarrollo nacional. Han permitido extender servicios esenciales y han representado una presencia fuerte del Estado en sectores estratégicos. Pero también es cierto que hoy enfrentan desafíos importantes: estructuras pesadas, monopolios que reducen la competencia y costos que muchas veces terminan pagando los ciudadanos en tarifas elevadas.
Si el objetivo es que estas empresas sirvan mejor a los uruguayos —en calidad de servicio y en precio— entonces discutir su modernización no debería ser un problema.
Este debate no es nuevo. El ex presidente Jorge Batlle planteó durante su campaña electoral la necesidad de abrir cambios en el funcionamiento de las empresas públicas e incluso considerar mayores espacios para la participación privada. Sin embargo, ya en el gobierno aquella discusión no avanzó en los términos planteados. Las realidades políticas y sociales muchas veces frenan debates que en campaña parecen más sencillos.
Por eso es positivo que el tema vuelva a la agenda.
Sánchez eligió comenzar la discusión por el lado de la propiedad. Tal vez otros hubieran preferido iniciar por un aspecto distinto: más competencia, menos monopolios y mayor eficiencia en la gestión. No necesariamente privatizar, pero sí modernizar.
El mundo ha cambiado y las empresas públicas no pueden permanecer ancladas en modelos de gestión del siglo pasado. En muchos países existen esquemas mixtos, empresas públicas que compiten en mercados abiertos o mecanismos que incorporan eficiencia sin perder el control público.
Uruguay tiene la madurez institucional suficiente para dar esta discusión sin prejuicios.
Romper el tabú es el primer paso. Ahora corresponde conocer cuál será la propuesta concreta del Ejecutivo. Allí comenzará el verdadero debate.
Porque si el objetivo final es mejorar los servicios y aliviar el costo que pagan los ciudadanos, entonces reformar y modernizar nuestras empresas públicas no debería ser un problema ideológico, sino simplemente una cuestión de buen gobierno.