El no pago de salarios a funcionarios vinculados al Ministerio de Desarrollo Social no es un simple atraso administrativo. Es una señal política. Es un mensaje. Y es, sobre todo, una contradicción.
Quienes trabajan en territorio, asistiendo a los sectores más vulnerables, hoy se encuentran sin cobrar y, en muchos casos, sin materiales suficientes para cumplir su tarea. Es decir: el Estado que predica justicia social no está garantizando justicia laboral dentro de su propia estructura.
Aquí no cabe el argumento de la herencia. Este gobierno lleva un año en funciones. Lo ocurrido no es responsabilidad de administraciones anteriores: es consecuencia directa de decisiones —o indecisiones— tomadas en este período. Gobernar implica asumir resultados, no trasladar culpas.
En redes sociales comenzó a circular una pregunta inspirada en una canción viral: “¿Dónde están los comunistas?”. Más allá de la ironía, lo que subyace es un reclamo de coherencia. Quienes han tenido responsabilidad directa en la conducción de esta cartera desde el inicio no pueden ahora desentenderse. No hay excusas cuando se tiene el control de la gestión.
El impacto no es solo económico. Es institucional. Es ético. Cuando el discurso promete prioridad a los más vulnerables pero la gestión deja a trabajadores sin salario, la confianza pública se resiente.
Por eso la frase que hoy recorre el país no es un eslogan vacío. Es un síntoma: El Gobierno nos mintió.
Y cuando la política pierde credibilidad, lo que se erosiona no es solo una gestión. Es la esperanza de que el Estado cumpla lo que promete.